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Ante el aumento de casos de COVID-19, en Uruguay evalúan suspender las clases de secundaria

Uruguay ya empezó a vacunar, pero continúa el aumento de casos.
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La tarde de este martes 16 de marzo será una suerte de Día D para el gobierno en la lucha contra el coronavirus, ya que el presidente Luis Lacalle Pou se reunirá con el Consejo de Ministros para evaluar las medidas a tomar, con un escenario de récord de casos activos y de pacientes en el CTI. Este lunes hubo 1.182 diagnósticos nuevos en 10.257 tests, cifra que marca un índice de positividad de 11,5%, y cinco fallecidos debido a la enfermedad. Hasta el momento, son 10.536 las personas que tienen el virus, de las cuales 131 reciben tratamiento en cuidados intensivos, siete más que el domingo. La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva informó que 60,1% de las camas de CTI están ocupadas en todo el país, incluido el 16,6% que lo está por pacientes con coronavirus.

Este lunes el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) tuvo una larga reunión con Lacalle Pou, en la que básicamente le reiteraron las recomendaciones que le habían hecho en el último informe que le presentaron, el 7 de febrero, según indicaron a la diaria fuentes del grupo. Allí se indicaba, entre otras cosas, que se podía considerar la suspensión de las clases presenciales en educación secundaria. Según el GACH, las clases en educación inicial y primaria se deberían mantener presenciales, pero en un contexto de “transmisión intensa” y capacidad de respuesta del sistema de salud “seriamente comprometida” se puede considerar la suspensión de clases “en períodos de corta duración”.

El lunes se terminó de redactar una medida que ya estaba definida: un nuevo proyecto de ley del Poder Ejecutivo para extender la limitación del derecho de reunión, según confirmó a la diaria una fuente del gobierno. Cabe recordar que el 17 de diciembre de 2020 el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento para limitar el artículo 38 de la Constitución, que establece que “queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas”. La normativa se basa en que, según la carta magna, ese derecho “no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”.

Fuente: ladiaria.com.uy

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